Hace algo más de un año el Ministerio de Hacienda decidió extinguir el pago presencial del IVA para hacerlo exclusivamente on-line. El trastorno generado especialemente a los propietarios de inmuebles comerciales (muchos de ellos personas mayores), provocó un cierto revuelo, lo que me llevó a presentar una pregunta en Tu derecho a saber. Con los plazos superados pude saber que dicha iniciativa era fruto de las medidas de CORA de reforma de la Administración Pública en España acusada, según la directora ejecutiva injustamente, de no comunicar sus planes y medidas a la sociedad.
Con motivo del estudio del portal de la Transparencia presenté la misma pregunta al ministerio y esta semana recibí la respuesta.
El portal de la Transparencia: eficaz pero poco transparente.
De la presentación de mi consulta el 14 de abril a la respuesta el 2 de julio, han pasado dos meses y medio. En ese plazo mi consulta se ha mostrado en estado recepción y he tenido derecho a descargarme un certificado de la presentación de la pregunta, lo que, entre otras cosas, me permite exigir el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.
El 3 de julio recibí el correo de que tenía una comunicación en el portal (desde luego, no en la dirección de notificaciones telemáticas de la Administración), que me obligó a usar el clásico mix certificado digital de la FNMT+ cl@ve+ internet explorer para acceder (en el segundo intento) a los documentos. El portal ha sido eficaz, e incluso eficiente (3 meses para una respuesta puede ser razonable), sin embargo, añadiría algunas mejoras:
- Sería interesante la orientación acerca de los plazos esperables y máximos en la misma página de la consulta. Por ejemplo, señalar que el 80% de las respuestas se obtienen en 4 meses y que el 2% de las que superan los 6 meses se consideran como de silencio Administrativo negativo. Si esto fuera con ayudas visuales (Termómetros o similares) sería mejor.
- En mi vida anterior diseñando gestores de expedientes, uno de los requisitos universales era la «publicación automática de estados de tramitación» y la «identificación del responsable del trámite». Hablando claro: saber en qué punto está mi duda y a quién le puedo preguntar. Por algún motivo, esto, reclamado para los procedimientos administrativos hace ya 7 años, no es un elemento natural para el Portal de Transparencia. En caso de que lo sea (se puede decir que, efectivamente, estuvo 3 meses en recepción y luego paso a «resuelto»), pero desde luego la granularidad (los estados por los que se varía el estado público) no es óptimo. En ningun caso hemos pasado por «en estudio», elaboración de la respuesta, etc.
- No he podido saber quién estaba tramitando la respuesta. Esto habría sido de utilidad para conocer la información que el punto anterior no prestaba.
- La falta de granularidad ha hecho que tenga dos comunicaciones: que ha llegado y que se ha respondido. Nada más y nada menos.
En principio diría, por lo tanto que hay cosas que mejorar en el portal y, a diferencia de las que en su momento achacamos a causas propias de la estructura de la Administración, en este caso se tratan de aspectos que mejoren la expectativa y el conocimiento del usuario
La respuesta de hacienda: detallada y clara
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La respuesta del Ministerio de Hacienda es correcta y clara. En el documento que tenéis aquí se detalla tanto el coste estimado de las declaraciones presenciales como de las virtuales, así como del número efectivo de declaraciones recibidas en uno y otro canal desde 2008 hasta 2014.
La evolución de las declaraciones presentadas de manera no telemática es claramente a la baja, llegando en 2012 a cifras muy bajas. Si consideramos, además, que la declaración es trimestral podemos entender que hay cada 4 declaraciones declarante regular: podemos señalar que sólo 5% del total de ellos optaba en 2013 por el método de pago no telemático. Evidentemente, hay gente que no tributa todos los trimestres, por lo que la
traslación no es exacta, pero creo que es bastante representativa de la realidad.
Hay cosas que resultan llamativas, como el descenso total de declaraciones del año 2014 (posiblemente no hayan contabilizado el último trimestre, o quizá la crisis arrasó ese año), o las medidas que llevaron a los un crecimiento telemático tan pronunciado en los años 2011 y 2012.
¿Qué podría mejorarse de la respuesta de Hacienda?
- Por un lado un poco más de claridad y detalle en los datos ¿qué paso en 2014?
- Sería interesante tener un desglose mayor sobre declarantes, pero a decir verdad no es algo que solicitara y normalmente esto no suele ser objeto de gran proactividad.
- Habría agradecido los datos en un formato un poco más operable, porque pasar el PDF a excel para hacer los gráficos ha sido, como de normal, incómodo.
En todo caso, podemos decir que la respuesta es satisfactoria, clara y bien documentada en los aspectos que se facilitan (por ejemplo, la metodología y la referencia para calcular el coste de las declaraciones).
CORA: Una acción clave que parece no necesitar ser publicitada.
El gran tirón de orejas de este trabajo es para OPERA, la oficina que lleva las medidas de CORA. Si se ahorran 70 millones de euros al año (nada más que en costes directos) ¿por qué no se publicita? Realmente, siendo uno de los programas clave del gobierno de España para esta legislatura y una de sus medidas más destacables ¿Cómo puede ser que no se publiquen estos datos?
Lo lógico es que un proyecto como CORA tuviera en vez de sus intermitentes informes de cumplimiento, una web detallada con:
- Acciones previstas
- Ahorro estimado (con formula desglosada a ser posible)
- Grado de desarrollo de las medidas
- Ahorro realizado hasta la fecha
Por no hablar de elementos como un mínimo de apertura de datos que nos permitiera, por ejemplo, saber a cuántos declarantes afecta, en qué regiones y el importe de dichas declaraciones.
¿Por qué tendría que ser esto así?
La Administración está al servicio del ciudadano. Para empezar, aunque sea un 5% de declarantes hablamos de personas a las que se les priva de su canal preferencial para presentar una declaración obligatoria. Esto no significa que se tenga que mantener contra viento y marea dicho canal, sino que, al menos, la ciudadanía se merece transparencia sobre el detalle para poder tener una opinión. Muy posiblemente, si decimos que pos 60.000 personas de cerca de 850.000 pueden pasar al canal digital ahorrando a la sociedad 70M de euros al año ¿Por qué no merece saberlo la sociedad? El debate (aunque no atronador) estuvo presente, afectó a personas mayores con ingresos mermados y problemas para dar el salto tecnológico. La sociedad puede (y debe) decidir, pero esto no puede hacerse sin saber lo que pasa.
A esto se suma la opacidad del proceso. Ahora, cuando lleguen las elecciones se nos dirá que CORA ha supuesto ahorro en X millones de euros, pero no podremos saber facilmente a qué corresponde el ahorro, ni la previsión, ni el razonamiento, ni el coste.
En resumen diría que a lo largo de toda esta historia de año y medio de duración he visto que mis derechos como ciudadano se han respetado solo cuando ha habido una ley que así lo obligaba. Lamentablemente, la misma pregunta, por otro canal, no ha tenido todavía respuesta (ni creo que la tenga). Por otro lado, esta es la clave: la preocupación está en el procedimiento y las garantías que establece tanto la ley de Transparencia como la de procedimiento administrativo, pero ya está. Esto no es poco, pero mi experiencia deja mucho que desear más allá de eso. Ni la Administración ha buscado facilitar información, ni cuando la ha brindado lo ha hecho de manera especialmente transparente, tranquilizadora y prescriptiva. Como dirían mis profesores de derecho, me encuentro en el plano digital (mucho más que en el presencial) como un sujeto administrado más que como un ciudadano o un usuario de derechos y eso si es grave.
