e-gobierno: Cuatro retos y un deseo para 2016

Por cuestiones de calendario confluyen varios hechos que invitan a la recapitulación. Por un lado tenemos las fechas navideñas y de fin de año, que suelen lllevar a la reflexión sobre el año anterior y los propósitos para el año nuevo. Además, por coincidencias de calendario, han tenido lugar las elecciones legislativas (que se desarrollan mientras escribo estas líneas) que traerán un nuevo panorama político a España después de casi 8 años que podemos considerar, como poco, de convulsos. Estas elecciones además han supuesto el cierre de un ciclo de poco menos de 18 meses en los que se ha votado prácticamente todo en España y en el que el debate político ha alcanzado una profundidad que inusitada en las últimas décadas en aspectos tan capitales como participación, transparencia, modelo de Estado, y muchos otros temas que no se habían tratado mucho anteriormente. En todo caso, pase lo que pase en estas elecciones y en los próximos meses, 2016 va a ser el inicio de un cambio en el modelo de sociedad en el que vivimos, bien sea por el nacimiento de nuevas mayorías o por la necesidad de buscar apoyos con nuevas fuerzas. En estas un tema menos vistoso, pero relevante (al menos por la cantidad de personas a las que afectará alguna vez en su vida), se planta ante el nuevo año con cuatro desafíos para el futuro, a los que quiero añadir un deseo para hacerlos posibles.

Pide un deseo, es nueva legislatura
Pide un deseo, es nueva legislatura

Cuatro desafíos para el e-gobierno en España

El modelo de seguridad de la Administración Electrónica.

Después de hacer la apuesta por los certificados digitales, las sedes y la firma electrónicas, nos encontramos con un entorno que no parece seguro (aunque lo es), que es muy molesto para el ciudadano, y que es, además, extremadamente caro para lo que hace. Este modelo, además, está tocado, o lo estará, ante la pérdida de soporte de Java por parte de muchos navegadores, y los problemas de reconocimiento de muchos de los certificados que, aparentemente, siguen en vigor. A esto tenemos que añadir, aunque de una manera más ligera y menos urgente, la caída del Acuerdo de Puerto Seguro con Estados Unidos, no afecta directamente al modelo de la web pública (que no suele usar dropbox, por ejemplo), pero si a muchas herramientas que se usan cada vez más en webs públicas (como los widgets de twitter, por ejemplo), que tocan a muchas el entorno digital. En todo caso, es necesario replantear el modelo de seguridad digital de manera que sea seguro, aparente ser seguro y, sobre todo, no haga absolutamente imposible acceder a los servicios digitales a la mayoría de los usuarios. Algo más simple, más sencillo y quizá menos indiscriminado en la amalgama de servicios y relaciones  que se establecen entre Administraciones y asociados.

La Ley de Procedimiento Administrativo

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo consagra la comunicación e interacción, así como el procedimiento Administrativo deberá ser digital de manera íntegra. Esto parece complicado y reincidente aún recuerdo el excepticismo confirmado con la Ley 11/2007 acerca de los plazos de dos años. Poner plazos es algo que está bien, pero llevarlos a extremos irrealizables y hacerlo de arriba a abajo, sin apoyar a los que tienen más dificultades, o a las áreas con más riesgo, puede hacer que el procedimiento administrativo electrónico se convierta en la delirante versión digital de lo mismo que tenemos ahora: un montón de reglas, muchas de ellas absurdas (vease la firma digital), a negociar con algo tan terco como un ordenador. Si se va a hacer esto, es mejor pensar cómo redefinir el grueso del procedimiento, crear herramientas que potencien el medio digital y ayudar con la implantación a todo tipo de agentes: proveedores y usuarios internos.

El desarrollo de la Transparencia.

La Ley de Transparencia acaba de entrar en vigor. A partir de ahora toda Administración debe tener sus datos en portales de transparencia y regirse según dicha norma. Esto parece estar muy lejos de la realidad (según comentan  en los mentideros de Facebook), pero, en lo que a nosostros respecta, el problema ya no está sólo en la existencia Ley de Transparencia. Es decir, ya no es solo un tema de portales, es que en los últimos meses he dirigido preguntas directas a distintas instituciones (FNMT, INE, Ministerio de Hacienda, AEPD), teniendo respuesta (negativa) en sólo uno de los casos. Es decir, ya no es que no cumplan la ley, es que el compromiso de la Administración con esto parece estar hecho con la boca pequeña y, en muchos casos, orientada a fines políticos. En fin, que no es posible hacer un diálogo si una de las partes (la Administración) está dispuesta a comunicar y ser honesta, y eso es algo que aún no tenemos.

La orientación al ciudadano.

Sin embargo, el auténtico desafío, aquel al que no debemos renunciar nunca, y  nunca debemos dar por culminado, es el de hacer las cosas pensando en el ciudadano. En esto, España sigue teniendo ejemplos notables (como el último ejemplo de Justicia), y otros no tanto (como el 060). A diferencia de lo que pudiera parecer, hacer una buena Administración no es una cuestión de recursos, sino de filosofía. Ese es el gran desafío: dejar de pensar que el gobierno electrónico es algo que debe cumplir las leyes, sino algo que debe permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos y obligaciones.

Un deseo para 2016: Que se lo tomen en serio

Como ciudadano y estudioso de la Administración Pública hay una cosa que tengo clara: la Administración puede que no sea lo más bonito o divertido de la política, pero por algún motivo, es lo que permite que el gobierno  haga o no cosas y lo que hace que los ciudadanos puedan serlo de pleno derecho. Es decir, cuando nos hemos dedicado (durante muchos años) a ver la Administración como una hucha de la que recortar para afrontar pagos, o un instrumento de consolidación de la doctrina política, estamos haciendo la vida más dificil y peor a los ciudadanos. No se trata de pensar en hacer cosas más bonitas o a la moda, sino entender que hacer las cosas bien es lo que permite que una persona pueda pedir una pensión, pagar una multa o ejercer su derecho a voto. Mi deseo para 2016, especialmente como ciudadano, es que la política española se dé cuenta de que hay que trabajar por hacer un gobierno electrónico tan bueno como la mejor de las webs privadas a las que dedicamos horas. Pedir lo que es nuestro: nuestros derechos.

Nos vemos en 2016

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