El post invitado de esta semana nos lo trae Ascen Moro, del ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, que es toda una referente en la apertura de gobiernos, datos y atención a la ciudadanía. Un lujazo tenerla por aquí.
La inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar (Immanuel Kant)
La situación nos ha desconcertado a todos. Si alguien nos hubiera dicho en febrero que íbamos a estar confinados durante tanto tiempo en casa sin saber siquiera cómo va a ser el futuro más mediato, no lo hubiéramos creído (como dicen Fito & Fitipaldis, ya no sé si el mundo está al revés o soy yo la que está cabeza abajo).
Muchas personas veníamos desde hace mucho tiempo defendiendo la necesidad de unas Administraciones públicas abiertas, digitales, inteligentes, sostenibles y sociales. Disponíamos de normativa más que suficiente para poder avanzar en este sentido y en todas las dimensiones; hasta una Agenda 2030 con un conjunto de metas y objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial cuyo ODS 16 nos guiaba hacia la construcción de instituciones eficaces e inclusivas para conseguir desarrollar un modelo de prestación de servicios abierto, colaborativo y transparente, basado en el principio de rendición de cuentas, donde los gobiernos locales, como instituciones más próximas a la ciudadanía, tienen un papel fundamental para la garantía de derechos en condiciones de igualdad.
Dónde estábamos al empezar
Incluso a nivel europeo se habían aprobado planes y estrategias que contemplaban la adecuación a los nuevos desafíos que se venían augurando, como el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020 con principios relacionados con la interoperabilidad, el principio “de una sola vez”, el desarrollo de servicios digitales por defecto y, por supuesto, la transparencia, con la idea clara que tanto la ciudadanía como las empresas puedan tener el control de sus propios datos, todo ello en un marco de confianza y seguridad, garantizando desde el diseño de los servicios públicos, toda la normativa en materia de privacidad y seguridad. Hasta se aprobó el programa Europa Digital con 9.200 millones de euros para financiar durante el período 2021-2027 el desarrollo y la capacitación digital tanto de empresas, ciudadanía y Administraciones públicas, en ámbitos como la inteligencia artificial, la supercomputación, la ciberseguridad, las cibercompetencias y la administración electrónica.
Pero no hemos llegado a tiempo…en plena transición el azote de este virus nos ha obligado, de forma absolutamente precipitada y dejándonos en shock, a un cambio radical en todas las facetas de nuestras vidas que tendrá, sin duda, unas consecuencias políticas, sociales y económicas inimaginables aún.
Lo que sí sabemos (a pesar del negacionismo y la procrastinación continuada de estos años), es que el sector público requiere de una transformación integral de carácter multidimensional que se sustente en el binomio conceptual “Buen Gobierno” y “Gobierno Abierto”, porque no es posible hablar de un Gobierno Abierto real sin un sentido claro de buena gobernanza que incida, efectivamente, en la gestión del cambio cultural necesario para abordar esta inevitable y necesaria transformación. Se trata de repensar el marco relacional con la ciudadanía fomentando la transparencia, la participación y la colaboración, poniendo el foco en la rendición de cuentas como mecanismo para incorporar la ciudadanía en la definición y seguimiento de las políticas públicas.
Lo que nos quedaba por andar
“El Gobierno Abierto es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación, con el objetivo de mejorar la calidad democrática y el crecimiento inclusivo” OCDE, 2018
Ya se había puesto sobre la mesa que esta transformación sería necesario gobernarla de forma holística, innovando en la gestión de los servicios y de la información por y para la ciudadanía, de forma abierta y sostenible, pero desde el compromiso y la probidad de las personas que integran las Administraciones públicas. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo tanta distancia entre la teoría, la ingente proliferación de normas adhoc publicadas en el BOE y la realidad?
Me sigue sorprendiendo que no seamos en este momento capaces de repensar todos estos procesos adecuándolos a la situación excepcional actual, aprovechando el marco jurídico vigente y toda la tecnología que, se supone, tenemos a nuestra disposición. Es momento de aligerar y desburocratizar la prestación de servicios (¿dónde quedan las cartas de compromisos?), de no confundir innovación con ocurrencias (como muy bien pone de manifiesto Xavier Marcet)…el “papel” lo aguanta todo…pero lo difícil es operativizar y diseñar los procesos de extremo a extremo facilitando a la ciudadanía el acceso y la tramitación. Qué absurdo es decretar el estado de alarma y el confinamiento, lo que implica cerrar como regla general la atención presencial en las oficinas, y por otro lado, pretender que esta atención se vaya a llevar a cabo de la misma manera.
Un nuevo escenario para el Gobierno abierto
Si nos centramos en el momento actual de precipitación y de las oportunidades que este nuevo escenario nos ofrece, sería conveniente tener presente algunos aspectos que son esenciales a la hora de desplegar una estrategia de transformación integral:
- Transitar hacia una apertura real de las instituciones y hacia un nuevo modelo de gobernanza requiere de liderazgo político y de una dirección pública profesional capacitada y comprometida que facilite el cambio cultural imprescindible para orientar toda la actividad de las organizaciones hacia este nuevo modelo de producción y de gestión de los servicios públicos. Y esto se ha hecho más evidente en este momento en que era crucial coordinar todos los efectivos y actividades de forma ágil y eficiente. La tradicional estructura vertical de las Administraciones públicas hace aún más difícil la gestión de toda esta complejidad multinivel en un escenario de implantación de una suerte de “teletrabajo” precipitado, sin haber podido implementar ni planificar su puesta en marcha y, por supuesto, sin haber implantado la evaluación del desempeño (tampoco en el trabajo presencial, no nos engañemos) que permita hacer un seguimiento eficiente y eficaz de los flujos de trabajo, objetivos y resultados. Disponemos de herramientas para realizar sesiones de órganos colegiados telemáticamente, para coordinarnos, para trabajar…pero nos empeñamos en hacerlo de la misma forma y eso es imposible en la práctica. El resultado es la sensación de necesitar muchísimas más horas de trabajo para resolver problemas, además de una manifiesta descoordinación y distancia clara entre las ideas y la puesta en funcionamiento en la situación actual. La innovación, la transformación digital y la gestión del cambio son conceptos claramente simbióticos. En este sentido, es imprescindible la lectura siempre recomendable de los últimos artículos del maestro Jiménez Asensio.
- En paralelo, es necesario más que nunca dar un nuevo impulso y reinventar la gestión por procesos, más basados en datos que en documentos, poniendo realmente la ciudadanía en el centro, repensando y rediseñando los procedimientos para hacerlos más fáciles, ágiles, eliminado cargas administrativas mediante medidas de simplificación; gestionando y reutilizando los datos para conseguir ser más proactivos e incluso predictivos, con todas las garantías de privacidad y seguridad, con el objetivo de dar respuesta y anticiparse a las demandas de la ciudadanía. Precisamente esta pandemia nos ha puesto en jaque y ha evidenciado todas estas carencias. Aquellas instituciones que habían iniciado la transición hacia una administración digital son las que más fácilmente han podido continuar su trabajo en condiciones distintas. Aunque no es suficiente. Quiero destacar aquí medidas innovadoras en este sentido como las apuntadas por Víctor Almonacid o como las que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en el que continuamos toda la atención ciudadana por medios electrónicos y por teléfono, y continúa también la tramitación electrónica de los procedimientos, ahora desde casa, con la celebración de sesiones plenarias telemáticas y la incorporación de la Actividad Administrativa Automatizada (AAA) para la expedición, por ejemplo, de certificados de empadronamiento (que ojalá no fuera necesario expedir), así como el diseño adhoc de circuitos ágiles para dar salida a la tramitación de emergencia para paliar los efectos de esta pandemia (que por supuesto se publicarán en el Portal de Transparencia). Mención especial, sin duda, para los proyectos llevados a cabo en colaboración con la ciudadanía que han ido surgiendo durante estos días que vienen a reforzar esa dimensión del Gobierno Abierto a veces tan poco explorada como https://frenalacurva.net/; Club de Makers de Sant Feliu Innova; https://t.me/XarxaSanfeliuenca; entre otros.
- Por último, cierto es que estábamos en pleno proceso de transición que se preveía constante y acelerado, a la expectativa de lo que supondría la irrupción de tecnologías emergentes como Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, robótica, IoT, 5G, entre otras…pero cierto es también que teníamos asignaturas pendientes desde hace más de 10 años sobre todo en lo que tiene que ver con la interoperabilidad, la identificación y firma electrónica, la gestión de documentos y datos debidamente estructurados que garantizaran el dato único, el análisis de la información, la publicidad y acceso a la información automatizados… ¡Qué gran error ha sido implantar tecnología en una Administración pública sin repensar previamente su cocina y, sobretodo, garantizando la gestión eficiente de la información! Una cantidad ingente de datos se almacenan en multitud de plataformas de los diferentes niveles de Administración pública sin una gobernanza de los mismos y sin garantizar su calidad, accesibilidad ni su puesta a disposición tanto interna como externamente. Dudamos continuamente de los datos cuando vamos a utilizarlos internamente en las organizaciones…¿cómo vamos a generar pues confianza en la ciudadanía cuando informamos de los datos que intercambiamos entre nosotros?. Como muy bien expresa Mario Alguacil, no se trata de competir entre Administraciones públicas para ver quién avanza más en el uso de estas tecnologías emergentes, debemos cooperar en la implementación de soluciones útiles para la ciudadanía.
Y algún traspiés
De hecho, en un escenario de Administración pública digitalizada e interoperable hubiera sido muy diferente la redacción de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no se hubieran generado las dudas respecto a la continuación de trámites en la contratación pública o sobre la transparencia y acceso a la información…en este último caso aún más reprobable si cabe. No resulta muy inteligente en tiempos de incertidumbre menguar precisamente lo que puede generar mayor confianza en la ciudadanía. De hecho, una verdadera cultura de gestión de los datos abiertos y una interoperabilidad real entre instituciones hubiera evitado, sin duda, el bochornoso y macabro baile de números al que nos enfrentamos diariamente. Lo mismo ocurre con los trámites que deben realizar ciudadanía y empresas para obtener ayudas, indemnizaciones o tramitar un ERTE. ¿De verdad es necesaria la aportación de toda esa documentación? Y lo más importante, todos los procesos que tenemos pendientes en la Administración local como la preinscripción en escuelas por ejemplo, ¿los vamos a seguir haciendo de la misma manera?
En este momento toca ser positivos y aprovechar las oportunidades de este punto de inflexión (obligado) para avanzar en todos estos desafíos, pero ahora, ¡por favor!, sin postureo y con determinación.
