Este post nos lo trae una vez más Pilar Moreno García, que hace tiempo pasó por aquí cuando ejercía de habilitada y ahora se dedica a la formación en la Agencia Antifrau de Valencia.
En el top 3 de los valores más desarrollados de la administración pública española de los últimos años destaca la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, los elementos fundamentales del Gobierno Abierto.
La integridad apenas ha tenido presencia en el ecosistema del gobierno abierto, no como los mecanismos antes nombrados. Herramientas que han sido y son utilizadas en la actualidad para incrementar la apertura de las administraciones públicas a la ciudadanía, a través de portales de transparencia y el derecho a la información, entre otras.
La integridad ya aparece, en el artículo 52 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015, como uno de los valores del Código de Conducta de los funcionarios públicos.
Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía moral de la Universidad de Barcelona, señala que integridad pública es muy difícil de definir.
La recomendación del Consejo de la OCDE de 2017 define la integridad pública como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados.
En España, de acuerdo con los datos de la recomendación de la OCDE, extraídos de Goverment at a Glance 2017, a mayor percepción de corrupción existe una menor confianza en el gobierno.
El Barómetro global de la corrupción UE 2021, publicado el 15 de junio de este mismo año, mostró que un 62% de las personas encuestadas, de media en la Unión Europea, piensa que la corrupción en el gobierno es un gran problema, y se incrementa hasta el 86% en el caso de España.
A su vez, el 62 % de los encuestados opina que en nuestro país se está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno, frente a un 33% que opina que la labor realizada es buena.
Ante estos datos, se puede afirmar que la ciudadanía muestra una gran preocupación por la posible corrupción que habite España, lo que hace, inexorablemente, que exista una gran desconfianza de los ciudadanos en el gobierno y en las instituciones públicas.
Como señala Gemma Calvet, directora del Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, la integridad se ha desarrollado como política pública de la mano de la lucha contra la corrupción. Son “jóvenes y oportunas en términos democráticos”.
Vivimos un momento en que la integridad pública, es decir, la protección de los intereses públicos frente a los privados, es la bandera que se está utilizando para conquistar de nuevo la confianza de la sociedad en lo público.
A la integridad se la ve como el refuerzo de la democracia, la flecha contra la corrupción y el fraude, a la vez que un instrumento con el que lograr el incremento reputacional para la organización.
La integridad en los planes de Gobierno Abierto de España.
La Open Goverment Partnership (OGP) la Alianza por el Gobierno Abierto, a la que pertenece nuestro país desde 2011, año de su creación, siempre ha tenido como compromiso la mejora de los servicios públicos y el incremento de la integridad pública.
El I Plan de Gobierno Abierto del Gobierno de España 2012 – 2014 se centró en tres grandes objetivos, siendo el primero de ellos, el aumento de la integridad y la transparencia pública. El gran hito del momento fue la aprobación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que eclipsó las actuaciones en integridad.
La obligación de las declaraciones de las actividades, bienes y rentas para los parlamentarios, así como el Código de Buen Gobierno de 2005, parece que fue suficiente para cumplir con el principio de integridad.
Tras el primer plan, la integridad desapareció de los planes de gobierno abierto entre 2014 y 2019. En el II y III Plan no aparece la palabra integridad más allá de especificar que es un desafío de la “Alianza por el Gobierno Abierto” que se asume dentro de alguno de los compromisos, sin más detalle ni desarrollo.
Ha sido el IV Plan de Gobierno Abierto, aprobado en 2020, el que ha posicionado a la integridad como uno de los ejes centrales del gobierno abierto, a la altura de la transparencia, la participación ciudadana o la formación.
La integridad en el IV Plan de Gobierno Abierto
El Gobierno Abierto es un “modelo de cogobernanza pública más transparente y participativo, más comprometido con la integridad pública y más cercano a la ciudadanía”
Ante las demandas ciudadanas basadas en un incremento de la transparencia y la participación en los asuntos públicos, también la integridad ha sido protagonista.
Junto con el eje de integridad, el IV Plan 2020 – 2024 desarrolla 4 ejes protagonizados por los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, Participación y Sensibilización y Formación.
En un tiempo en que la confianza en las instituciones públicas esta en mínimos históricos, el fortalecimiento de los valores éticos actúa en la organización como punta de lanza de la integridad. Esta tarea, que ha de permear en toda administración pública, permitirá recobrar la confianza perdida de la ciudadanía, como detalla el documento Marco del IV Plan de Gobierno Abierto.
El tercer eje, el de Integridad, ha articulado dos compromisos:
- Implantar sistemas de integridad pública.
- Protección a los denunciantes.
El primer compromiso, basado en los sistemas de integridad posee cuatro líneas de acción:
- Diagnóstico para conocer los mecanismos existentes en la actualidad y mejorar los sistemas preventivos de integridad pública, a través de la elaboración de mapas de riesgo, códigos de conducta y mejora de la formación y asesoramiento de las empleadas y los empleados públicos en la materia, entre otros.
- Regulación de un registro de lobbies obligatorio y de las relaciones de los grupos de interés con las y los responsables públicos.
- Modificación de la Ley 53/1985 de 26 de diciembre de incompatiblidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
- Refuerzo de la integridad en ámbitos específicos como la inteligencia artificial.
El segundo compromiso se centra en la protección de denunciantes. La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la UE es la hoja de ruta para la salvaguarda de los alertadores de riesgos de fraude y corrupción.
El Estado español no cuenta en su ordenamiento jurídico con mecanismos de protección a las personas que han alertado de prácticas alejadas del interés público. Únicamente la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con un Estatuto de protección de los denunciantes. 26 personas están siendo protegidas en estos momentos.
El 17 de diciembre de 2021 es la fecha límite impuesta por la Unión Europea para la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español. Tras un periodo de consulta pública finalizado en enero de 2021, nada más se sabe sobre el camino que está transitado esta norma para su inclusión en nuestro cuerpo normativo.
La obligatoriedad de canales de denuncias, internos y externos en organismos públicos y privados, junto con la prohibición de represalias contra las personas alertadoras, son algunas de las actuaciones que recoge la norma europea de necesaria transposición.
La Guía de gobierno abierto y el coronavirus de OGP recoge una serie de recomendaciones para garantizar reformas ambiciosas que protejan a los denunciantes:
- “Los denunciantes deben estar protegidos contra cualquier forma de represalia, incluidas las demandas civiles y los enjuiciamientos penales. Las mujeres pueden tener más probabilidades de sufrir represalias, por lo que se deben considerar protecciones adicionales basadas en el género.”
- “También debe haber un organismo independiente con autoridad para investigar represalias e investigaciones inapropiadas, administrar sanciones y brindar orientación para los mecanismos de denuncia.”
- “Los datos y la información relacionados con la denuncia de irregularidades deben divulgarse con regularidad, como el número de divulgaciones, los resultados y la prevalencia de irregularidades.”
Para conocer con más detalle las recomendaciones, clicad en el enlace: https://www.opengovpartnership.org/stories/open-government-reforms-need-to-protect-whistleblowers/
El grado de cumplimiento del eje integridad del IV Plan de Gobierno Abierto 20 – 24, se puede comprobar en la web de transparencia.gob.es. A 2 de noviembre de 2021, fecha de la última actualización, señala que de las 34 acciones a realizar, incluidas dentro de los dos compromisos, únicamente 4 están finalizadas; el 11,34%. Estos datos permiten afirmar que la integridad, en el marco del Gobierno Abierto no es una prioridad. Queda mucho por hacer.
(Se puede comprobar los datos de cumplimiento en los siguientes enlaces. Compromiso 5. Sistemas preventivos de integridad pública.
Compromiso 6. Protección de denunciantes
Toda actuación relativa al gobierno abierto es indispensable que cuente con acciones de sensibilización y formación como aliado para que permee con más facilidad en las instituciones públicas.
Victoria Camps al hablar de las palabras “servidor público” señala que entrañan, por un lado una voluntad de servicio, un deber fundamental a la ciudadanía. Mientras que la idea de “público” encierra lo contrario a una dimensión de parte, ya que el servidor tiene que ser imparcial, servir a todos más allá de corporativismo, el partidismo e intereses personales.
Los empleados y empleadas públicas, de cualquier administración (estatal, autonómica, local o universitaria, entre otras ) necesitan refuerzo en su labor diaria, para abordar con éxito los retos lanzados por el gobierno abierto. El incremento de la transparencia y el alineamiento de los valores éticos en cualquiera actividad gestionada por el personal al servicio de la administración pública estarán garantizados, siempre que se potencie la formación en integridad pública.
¿Y ahora qué?
La construcción de un marco de integridad en las organizaciones públicas transita por la voluntad del órgano decisor y su impulso junto al órgano gestor.
La prevención aparece como primera fase del ciclo antifraude en la Orden HFP 1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al interno de esta primera fase, la formación se muestra como la impulsora y germen de los conocimientos necesarios que permitirán la creación de un marco de confianza y credibilidad sobre la actividad pública. Siendo los receptores de estas experiencias de aprendizaje tanto empleados y empleadas públicas como la ciudadanía en general.
El cambio cultural y organizacional vendrá de la mano de acciones que fomenten el conocimiento y la divulgación de las herramientas con las que cuenta el ordenamiento jurídico para atacar a los enemigos de lo público: Los códigos de conducta, los canales de denuncia, la protección a los alertadores, mapas de riesgos, planes antifraude entre otras.
Reivindiquemos una administración y servicios públicos íntegros, adheridos a valores éticos y con el interés general por bandera, alejados de intereses privados. Desterrará la desconfianza y desafección que un día la ciudadanía tuvo por lo público. La prevención y la formación en integridad son nuestros aliados.
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