Los procesos participativos van ganando peso en la esfera local. Cada vez tienen mayor alcance, impacto y, lógicamente, presupuesto. Esto es una noticia que genera múltiples debates. Desde la legitimidad de decisiones tomadas por partes reducidas del electorado, a la pertinencia de consultar o no determinadas cosas, esta relación ha suscitado vivos debates. Sin embargo hay uno que creo que aún no ha tenido demasiada presencia. ¿Es posible una participación alta sin la movilización que hacen los partidarios de distintas opciones? Y, en todo caso ¿Cómo regular o limitar este escenario para evitar asimetrías por cuestiones económicas? En el caso de Decide Madrid, el posible uso de unos de los estudios que optaban a la remodelación de Plaza de España ha generado cierta (e interesante) polémica.  Aunque no ha tenido mucho impacto muestra un debate que en algún momento tendremos que resolver.

La necesidad de la movilización.

Si hay una cosa que tengo clara es que la participación ciudadana en cualquier proceso depende de la movilización. La relación directa entre ciudadanía e instituciones ha eliminado intermediarios tradicionales que hacían esta función. Partidos políticos o sindicatos han sido los que han llevado al público a implicarse emocionalmente en los procesos electorales. ¿Quién lo hace en los procesos participativos?

La cuestión es que exista una institución u organización capaz de movilizar esa acción. Siempre puede haber colectivos más o menos organizados que intenten de promover alguna (o algunas) de las opciones para conseguir los votos. Los procesos participativos, por diferentes cuestiones no ha generado estas estructuras y, posiblemente, no las vea deseables en un plano teórico.

Movilización significa eficacia y recursos.

Sin embargo, creo que en parte, la falta de organización eficiente en se debe en gran medida al «tamaño del botín». Imaginemos que, un día, el 80% del presupuesto de inversiones de una ciudad se decide de manera participativa. ¿Qué organización política o social no intentaría, ante semejante magnitud, intentar conseguir sus objetivos? Esto es legítimo y es lógico: si yo creo, como movimiento (pongamos) ecologista, que se hagan inversiones verdes ¿por qué no crear una estructura para conseguir el voto para todas las inversiones verdes posibles? Y no digo que sea cosa de un solo proyecto ¿Por qué no federarse? ¿Por qué no generar acuerdos entre asociaciones afines para promover proyectos afines?

En este escenario, que me temo que si no es real, lo será cuando el tema sea lo más importante, el problema estará en la definición de los limites. Por pura lógica, todos los implicados en el proceso quieren ganar, y por lo tanto intentarán movilizar la mayor parte de recursos y medios para lograrlo.

¿Quién promueve las opciones?

Hasta aquí la cosa es sencilla. Tenemos un escenario nuevo (los procesos participativos, especialmente de votos), en crecimiento. Ese crecimiento vaticina posiblemente la creación de estructuras más o menos oficiales para promover intereses entre las diferentes opciones. Esto no es muy distinto a las elecciones: los partidos son las plataformas que promueven opciones. Sin embargo, el proceso participativo está pensado para eliminar esta figura de la ecuación.

El problema no está en eliminar los partidos políticos, sino que los partidos tienen entidad. Una organización supervisora del proceso (la Junta Electoral) vigila que su acción sea acorde a las normas (y aún así, esto es problemático). ¿Qué sucede cuando el promotor no tiene nombres y apellidos? Por ejemplo, si quien promueve esas inversiones verdes que tenemos en nuestro ejemplo como tal «no existe». Aquí tendríamos un problema: no puedes descartar opciones por la promoción que hacen actores que no están relacionados directamente con ella. ¿Qué control podemos tener sobre una acción que el propio sistema trata de eliminar? ¿Tenemos alguna ley que prohiba que los cerdos vuelen sobre las ciudades? No, porque simplemente no creemos que los cerdos vuelen.

La definición de las normas del juego.

El gran problema es que cuando la canalización de la participación está delimitada para un tipo concreto de organizaciones su control es «sencillo». Sabes dónde empiezan y terminan esas organizaciones, se le pueden definir unas normas del juego y nadie puede actuar formalmente fuera de éstas. Sin embargo, en el proceso participativo la cuestión es más compleja.

Imaginemos que esas asociaciones ecologistas de nuestro ejemplo, existen como estructura, como ONG’s o incluso como empresas. Entendemos que el proceso participativo está limitado a acciones presuntamente individuales o desestructuradas (por ejemplo, plataformas de apoyo ad-hoc). ¿Cómo podemos controlar que las personas que forman parte de estas organizaciones solapen el funcionamiento que tendrían ellas? Por ejemplo, los 10000 afiliados del Movimiento Ecologista Mandangueño (nombre ficticio, espero) pueden estar pidiendo machaconamente el voto para las opciones preferentes de su movimiento bajo directivas «blandas» de sus responsables. Ahora imaginemos que es la empresa Promotora Mandangueña SA la que hace esta acción, ¿cómo controlamos esto? Eso sin hablar de la profesionalización en la gestión de la comunicación, algo complejo de limitar en el mundo digital. ¿Cómo evitas o controlas que haya bots o sockpuppets  interviniendo?

Y esto es sólo la punta del iceberg.

Esto es una primera aproximación. Más allá nos podemos encontrar con que movimientos sociales con más apoyo pueden ser decisivos para sacar adelante determinadas opciones. Por ejemplo, que el Movimiento Ecologista Mandangueño o sus responsables deciden apoyar un proyecto delimitado y, tiempo después sus responsables, se hacen miembros o donan a dicho movimiento. ¿Cómo limitar esto?

Esto ya sin entrar en debates más complejos como si el apoyo económico (en dinero o especie) a alguna de las opciones a votar está amparado por la libertad de expresión. ¿Cómo limitar que personas particulares (cuyos motivos siempre pueden ser difíciles de saber) apoyen con tiempo y esfuerzo a una posible opción?.

La paradoja de los procesos participativos.

El problema al que avanzamos es el siguiente: el éxito de los procesos de participación (especialmente los decisorios), aumentará y visibilizará estas debilidades. En el momento en que los temas a decidir sean lo suficientemente interesantes para que se generen o se sumen organizaciones que especialicen recursos para su éxito. Esto de por sí no es malo. De hecho, en mi opinión, el papel de estos agentes es crítico para que la participación ciudadana sea masiva.

No estoy en contra de los procesos participativos. Me parecen iniciativas interesantes. Esto no es una crítica, sino una proyección de lo que creo que pasará si progresan.

Sin embargo, partimos de un entorno en el que estas condiciones no están previstas. El desarrollo de unas normas que eviten que un proceso abierto pueda ser manipulado pued desvirtuar su filosofía. Así que el dilema es doble. ¿Temas más importantes a decidir, o mantener temas menos manipulables? ¿Tratar de limitar la acción de apoyo a las candidaturas o contar con su apoyo para ganar legitimidad?